Día: febrero 8, 2012

ESTE TAMBIEN ES DEL PP.

El juez amplía el procesamiento de Vicente Sanz por abusos sexuales

La resolución estima parcialmente un recurso de las periodistas demandantes

Rechaza las alegaciones del del ex secretario general de Ràdio Televisió Valenciana 

El Juzgado de Instrucción número 1 de Paterna ha confirmado el procesamiento del ex secretario general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) Vicente Sanz por los abusos sexuales denunciados por tres periodistas de la cadena autonómica. La resolución del juez desestima íntegramente el recurso presentado por Sanz contra su procesamiento y estima parcialmente el de las demandantes, en el sentido de concretar la imputación por tres delitos continuados de abusos sexuales, acoso sexual y amenazas.
El juzgado dictó el procesamiento contra el ex secretario general de RTVV en julio de 2001 al considerar que existen “indicios racionales” de que Sanz se valió de su cargo para solicitar “favores sexuales” a tres trabajadoras entre los años 2007 y 2010, generando con ello una situación “gravemente intimidatoria y humillante”.
El auto precisaba que “lo que se inició como un acoso sexual” en el ámbito laboral, “pronto” se transformó en “abuso sexual”, en el que el ex secretario general doblegaba a las víctimas mediante constantes amenazas relacionadas con su trabajo.
Además, las declaraciones de las víctimas y de los testigos “no dejan lugar a dudas de la autoría del presunto delito”, agregaba el procesamiento. Sanz admitió haber mantenido relaciones sexuales con las denunciantes, aunque según su versión fueron consentidas.
El juzgado requirió a Sanz una fianza de 30.000 euros para “asegurar” la responsabilidad civil que pueda derivar del proceso.
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 SIGUEN SALIENDO MAS DATOS DE LA TRAMA GÜRTEL, EN VALENCIA

 El juez Ruz abre la causa por el pillaje en la visita del Papa a Valencia

La Audiencia también actúa contra gestores de AENA durante el mandato de Cascos por el Gürtel

 

El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha dictado hoy cuatro autos relacionados con el caso Gurtel, la trama de corrupción vinculada al PP. En uno de ellos, abre una causa por la corrupción destapada durante la visita del Papa a Valencia en 2006. La televisión valenciana, dirigida por Pedro García, adjudicó por siete millones de euros a una constructora leonesa, Teconsa, la instalación de pantallas y altavoces en las calles de Valencia por las que iba a pasar el Papa. Teconsa era la empresa tapadera de la red Gürtel, que se llevó más de tres millones de euros de beneficios en esta operación.

El juez Ruz ha decidido imputar por estos hechos a 11 personas por delitos contra la hacienda pública y delitos continuados de falsedad en documento mercantil. Responde a una denuncia de la fiscalía. Entre los imputados están José Luis Martínez Nuñez, presidente de Teconsa; José Luis Martínez Parra (vicepresidente), Jesús Alonso Galindo y Rafael Martínez Molinero (vocales del Consejo de administración de Teconsa), Alejandra Andrea Beresovski y Noemí Márquez Castellano (administradoras de Wild Electronic Desing), Antonio Soler Dorado y Óscar Fragio Díaz (apoderado y gestor real de WED).
Por otra parte, el juez Ruz abre otra causa, relacionada con el caso Gürtel, por adjudicaciones a la trama de contratos en AENA durante la etapa en la que el ministro de Fomento era Francisco Álvarez Cascos, hoy presidente de Asturias. El juez ha ordenado formar pieza separada y dirigir el procedimiento contra dos directivos de AENA que supuestamente recibieron regalos de la trama Gúrtel a cambio de adjudicar los contratos.

Garzón: “El tribunal del hombre es su conciencia. La mía está tranquila” 

El fiscal tacha de “patético” el proceso contra el juez

La defensa sobre las fosas: “Esos grandes cementerios bajo la luna siguen ahí”

La acusación insiste en la “mala fe” de Garzón al investigar el franquismo

El juicio quedará previsiblemente visto para sentencia

El magistrado también está pendiente de conocer el fallo del caso de las escuchas de Gürtel

El juicio a Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo ha quedado hoy visto para sentencia, después de que las partes hayan expuesto sus informes finales y el acusado haya hecho uso su derecho a la última palabra. El magistrado ha asegurado en su alegato final: “El tribunal del hombre, decía Kant, es su conciencia. La mía está tranquila”. El juez ha argumentado que toda su preocupación fue dar amparo a los represaliados del franquismo: “La obligación del juez es dar protección a las víctimas.Tomé esas decisiones sobre todo guiado por el desamparo de las víctimas que son en este tipo de crímenes el elemento principal que todo juez debe proteger”.
Previamente, el fiscal del Supremo, Luis Navajas, tachó de “patético” el proceso contra Garzón. “Sería patético y ridículo que Argentina tenga a una juez dedicada a investigar a los crímenes del franquismo y aquí se esté juzgado al juez que quiso hacerlo”, afirmó el representante del ministerio público, que pide la absolución del juez. “Una sentencia condenatoria a Garzón tendría un efecto devastador”, dijo el fiscal. “Atentaría casi contra el principio de la independencia judicial. Mandaría el mensaje de que solo es tolerable la interpretación mayoritaria”, añadió.
La defensa del juez solicitó también el archivo de la causa. “El gran problema sigue vigente”, alegó el abogado de Garzón. “El gran problema era la protección a las víctimas, cuyo abandono ha podido comprobar esta sala [el Supremo]. Esos grandes cementerios bajo la luna siguen ahí, en la curva de una carretera, en pozos de Gran Canaria”.
A las diez de la mañana, una plataforma de apoyo a Garzón se ha manifestado frente al tribunal y ha depositado claveles rojos en memoria de los represaliados de la dictadura.

PARA ELLOS NO HAY RECORTES
33.000 euros al arzobispado por los oficios en el cementerio de Valencia
Es época de recortes en el Ayuntamiento de Valencia. Lo dijo claro la primera autoridad municipal, Rita Barberá, cuando presentó el presupuesto de 2012. Pero el cinturón no aprieta igual en unos sitios que en otros.
El Gobierno local que preside Barberá aprobó el pasado 9 de noviembre el pago al arzobispado de Valencia de una factura de 33.781,04 euros por los servicios religiosos que los capellanes prestaron en el Cementerio General de Valencia en el año 2011. La factura está exenta de IVA, como el resto de actividades religiosas, y se enmarca en el convenio aprobado por el Ayuntamiento de Valencia  en 1990.
Nadie discute en el Consistorio que los capellanes ofrezcan este servicio, pero sí quién debe pagarlo, sobre todo en una época de recortes como la actual. Se ha recortado en limpieza, en cultura y en gasto corriente. En muchos casos, los pagos a proveedores se eternizan en el tiempo. Sin embargo, la Iglesia, según el expediente municipal, ha cobrado estos oficios religiosos.
A esto se une que no existe una ordenanza municipal en Valencia para cobrar una tasa por los servicios religiosos. Y puede darse el caso, además, de que otras confesiones religiosas diferentes de la católica pidan un convenio parecido al que el arzobispado tiene con el Ayuntamiento.

La Santa Sede

El acuerdo de la Santa Sede, de actualidad por la amenaza de los socialistas de revisarlo, concede un trato de favor a la Iglesia Católica, que está exenta del pago de impuestos. No paga, por ejemplo, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), por lo que la subida anunciada por el presidente Mariano Rajoy no afectará al patrimonio de las diócesis, parroquias y congregaciones.
Otras entidades católicas han recibido del Ayuntamiento de la capital un trato favorable a sus proyectos. Es el caso de la Universidad Católica, a la que el Consistorio de Barberá le cedió hace poco suelo escolar público para que construya un hospital universitario privado en Campanar. De nada sirvieron las protestas de los vecinos para impedirlo.
Las excelentes relaciones del arzobispado de Valencia con el Consistorio se dan también con la Generalitat. En la última década, la Generalitat ha gastado 82 millones de euros en restaurar bienes muebles e inmuebles de la Iglesia.

Bruselas reprende a España por recortar en investigación

España sigue penando en el pelotón de los torpes del I+D+i (Investigación, desarrollo e innovación) europeo, en un oscuro 18º puesto entre los Vientisiete, según el marcador de innovación de la Unión Europea presentado en Bruselas con datos referidos a 2010. Y la situación no tiene visos de mejorar en vista de los recortes presupuestarios. “Es una lástima que al examinar el presupuesto de España, haya habido reducciones en ese ámbito”, ha declarado la comisaria de Investigación e Innovación, la irlandesa Máire Geoghegan-Quinn.
El ranking es prácticamente un calco del presentado el año pasado por estas mismas fechas, lo que es lógico dado el tiempo que las políticas y las inversiones tardan en ofrecer resultados en este campo. En la escena global, la UE sigue por detrás de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, aunque por delante de la inmensa mayoría del resto del mundo, con China recortando terreno, pero aún lejos.
En la propia Unión, el liderazgo en materia de innovación lo mantienen con solidez los de siempre (Suecia, Dinamarca, Alemania y Finlandia) seguidos de otros pelotón con potencias previsibles (Francia, Reino Unido, Holanda o Austria, entre otros menos esperados como Chipre, Estonia o Eslovenia). Es en el tercer grupo donde se encuentra España, acompañada y precedida por Italia, Portugal y República Checa, pero por delante de Hungría, Grecia, Malta, Eslovaquia y Polonia. En un cuarto grupo penan socios como Rumania y Bulgaria.
En datos macro, el objetivo que se han marcado los países de la UE es dedicar al renglón de I+D+i el 3% del Producto Interior Bruto (PIB). España le destina el 1,39%. La comisaria reconoce que “es muy difícil en estos momentos de crisis seguir invirtiendo” en este reglón, pero “el dinero gastado aquí es dinero bien invertido”. Ella predica el evangelio de que “un país sin estrategia de innovación no saldrá de la crisis” y subraya cómo “los países que más han invertido son los que mejor han hecho frente a la crisis y cómo los de atrás [en inversión] son los que peor lo están pasando”.
Geoghegan-Quinn, que se entrevistó recientemente con la secretaria de Estado de Investigación Carmen Vela, lamenta que con la escusa de la austeridad se hayan producido en España recortes en I+D+i. Como escapatoria al agobio presupuestario, la comisaria propone para España “la especialización inteligente, invertir donde sea más fuerte”.
Antonio Tajani, vicepresidente de la Comisión y comisario de Industria y Empresa, que hace poco estuvo en Madrid, valora la intención del Gobierno de potenciar las pymes y alentarles a la internacionalización. “La internacionalización es también innovación y será muy buena para España, que cuenta con toda América del Sur” como área de expansión natural. Al comisario italiano no se le pasa por alto la España superpotencia del sector turístico. “Ahí también se puede hacer mucha innovación”, dice.

 

El empresario Dorribo engañó a la juez para endosar un cohecho a Blanco

El dinero no fue al exministro sino a una farmacéutica, según un juzgado de Andorra

En el registro de la sede del industrial corrupto no se halló ninguna prueba

Los socios del farmacéutico imputado acreditan que mintió

Jorge Dorribo, empresario farmacéutico gallego que acusa al exministro José Blanco de haber cobrado 200.000 euros por hacer gestiones a su favor ante los ministerios de Sanidad y Hacienda, engañó a la juez de Lugo que instruye el denominado caso Campeón para endosar el supuesto cohecho al dirigente socialista.
El engaño se produjo en la tercera declaración de Dorribo ante la juez, cuando intentó precisar el origen del dinero supuestamente pagado al entonces ministro de Fomento. Dorribo aseguró a la juez que tenía un documento que probaba que había sacado 150.000 euros de un banco andorrano a principios de febrero de 2011 para sobornar a Blanco. Ese dinero, según la documentación en poder de un juzgado de Andorra, fue para pagar las deudas de una farmacia situada en el principado. Dorribo había comprado la farmacia, que tenía un almacén de 600 metros cuadrados, junto a sus socios de la empresa Salut D’Innovació.
El juzgado de Andorra, que investigó la compra de la farmacia porque la legislación vigente en ese país prohíbe que el capital extranjero se haga con más del 49% de una empresa, tiene las pruebas de que el dinero que, según Dorribo, acabó en manos de Blanco fue, en realidad, para saldar las deudas con una farmacéutica de Andorra a la que había comprado el negocio.
La estrategia del empresario gallego, imputado por corrupción, consiste desde agosto pasado en acusar de cohecho al exministro Blanco. Dorribo ha conseguido que el dirigente socialista esté encausado por este motivo en el Supremo. Desde agosto de 2011, la acusación de Dorribo ha experimentado algunas notables modificaciones. Encarcelado en mayo de 2011 por dirigir una trama delictiva que defraudaba a la Administración pública falseando documentos para recibir subvenciones, Dorribo pidió declarar en agosto y entonces sugirió las prácticas corruptas del exministro de Fomento. En esa primera confesión de agosto, que le permitió salir en libertad, Dorribo no habló del pago de 200.000 euros a Blanco tras quedar con él en una gasolinera, sino que se limitó a hacer vagas alusiones a un posible pago al exministro a través de su primo político, que tenía una empresa de montajes eléctricos.
El 4 de octubre, El Mundo informó de que Dorribo había declarado a la juez que pagó 400.000 euros a Blanco por sus gestiones ante los ministerios de Sanidad y de Hacienda, testimonio que no existía en el sumario porque no se había producido en esos términos ni aproximados. Pero el empresario corrupto blanqueó la noticia al declarar el 11 de octubre algo parecido ante la juez.
Durante su testimonio, Dorribo intentó probar que el tráfico de dinero para comprar al ministro tenía un reflejo en la contabilidad de su empresa, y así se lo detalló ante la juez: “Las retiradas de efectivo aparecen en el banco y corresponden a pagos a José Blanco a través de su primo. Yo tenía unas fichas en la contabilidad donde se hizo constar el pago y donde se van haciendo los asientos de los pagos. Esas fichas se encuentran en la sede de [su empresa] Nupel, antes estaban en contabilidad, pero como se movió todo por los administradores no sé si están todas allí ubicadas. Si me acompaña alguien del juzgado, lo puedo encontrar en las oficinas de Nupel. Las abreviaturas eran ‘a.e.f.’, que corresponde a eólico Fernando Blanco [parlamentario del BNG que supuestamente le favoreció cuando formaba parte del Gobierno de la Xunta]; ‘p. c.’, que era Pablo Cobián [diputado del PP que medió para que le recibiera Alberto Núñez Feijóo, actual presidente de la Xunta], y la de José Blanco era ‘i. f. n.’, que significa ‘Iniciativas Fomento Bran’. Allí se recogían las cantidades exactas que yo hacía en efectivo a esas personas. Había un pago de 90.000 euros a José Blanco que estaba en la contabilidad de Andorra, donde tengo una sociedad que se llama Salut D’Innovació. Que la persona que recibió ese dinero en Andorra es Espiñeira [de la empresa del primo de Blanco], en las oficinas de Andorra sentado conmigo en una sala de juntas que hay a mano derecha subiendo. Ese señor contó el dinero, lo metió en un sobre. Entiendo que era para José Blanco, porque me lo solicitó de manera persistente Bran, que era quien se ponía en contacto conmigo cuando había que hacer los pagos. José Blanco no estuvo presente en la entrega de dinero”. En la declaración del 8 de agosto habló de 40.000 euros; y en una tercera comparecencia, el 13 de octubre, de 90.000. Con un añadido: “A Blanco se le hicieron dos pagos en efectivo. El primero fue cuando me reuní con él en la gasolinera. Media hora antes llegué para verme con Bran y le entregué 200.000 euros en billetes de 500 que se pidieron al banco antes del 5 de febrero de 2011. Está el asiento contable, que tiene que haber la hoja de ficha donde llevaban el control de pagos y allí debe estar la entrega a José Blanco”.
La juez quiso comprobar lo que decía Dorribo y ordenó el registro de laboratorios Nupel. “Con el consentimiento de Dorribo y en presencia de otros imputados”, escribió después la juez, “no se pudo encontrar ningún elemento relativo a las fichas a las que aludía el declarante”.
El empresario corrupto, que no consigue acreditar sus acusaciones, regresa al juzgado un día después con la supuesta prueba definitiva del delito porque había encontrado en su casa un documento que podría aclarar las cosas. “Desde la cuenta del Banco de Crédito de Andorra, en la que figura mi mujer, hago una transferencia a Salut D’Innovació de 150.000 euros para el pago a José Blanco. Lo ingreso en esa sociedad para que quede constancia de esa parte de dinero de cara a los socios y luego hago frente al pago económicamente el 5 de febrero al primo de José Blanco. El importe total fue 150.000 euros. Todos los socios (José Antonio Orozco, Carlos Monjero, Javier Rodríguez y yo) estuvimos de acuerdo en que los 150.000 euros los ponía la sociedad y los otros 50.000 yo, porque me beneficiaba del proceso de los dossieres que eran propiedad de Nupel. El dinero de la cuenta de mi esposa era de ahorros que íbamos consiguiendo”. Cuando le preguntan si los socios le devolvieron el dinero que él adelantó, Dorribo responde: “No es en los días inmediatos al pago, pero sí lo hay. Pero quizás cuando me lo devuelven, me devolverían más porque a mí me podían deber otros préstamos”.
Efectivamente, la documentación que obra en el juzgado de Andorra recoge esa transferencia de dinero al banco andorrano donde Salut D’Innovació tiene una cuenta corriente. En esa cuenta se refleja un ingreso de Dorribo el 2 de febrero de 150.000 euros, con lo que se eleva el saldo a 604.145 euros.
La misma documentación señala que con ese dinero se pagan las deudas de la farmacia de Andorra, con un almacén de 600 metros cuadrados, que habían adquirido. Deudas de los acreedores de la farmacéutica (bancos y distintos proveedores) sumaban 615.015 euros. El dinero, según esa documentación, nunca fue a parar a manos de José Blanco, sino de los acreedores de un negocio farmacéutico de Andorra que había adquirido Dorribo junto a sus socios, que acreditan estos hechos.

Dorribo a su socio: “Ya pagué a la señora en Andorra”

Entre la documentación remitida por la juez de Lugo al Tribunal Supremo para que investigue al ex ministro José Blanco por un posible delito de cohecho al aceptar dinero del empresario gallego Jorge Dorribo, figuran las llamadas telefónicas de este, intervenidas por orden judicial. Una de esas llamadas la realiza el 3 de febrero de 2011, justo un día después de que ingresara 150.000 euros en la cuenta corriente de su empresa Salut D’Innovació. Ese dinero, según la tercera declaración de Dorribo a la juez, era para pagar los favores del exministro Blanco. La documentación que tiene un juzgado de Andorra acredita que fue para pagar las deudas de la propietaria de una farmacia que vendió su negocio a Dorribo y sus socios. La conversación telefónica que transcribe la juez de Lugo correspondiente al 3 de febrero de 2011 respalda esta tesis, pues Dorribo le cuenta a su socio en la empresa, José Antonio Orozco, que ya ha saldado las deudas con, supuestamente, la dueña de la farmacia de Andorra. “Ya he solucionado todo en Andorra. Ya he firmado todo y he pagado a la señora”, le explica Dorribo a Orozco, según la documentación que tiene en su poder el Tribunal Supremo.

 

MALDITAS SEAN LAS LEYES
SINO HACEN JUSTICIA
Malditas sean las leyes
si no hacen justicia,
mientras que a orillas del río
sigue llorando Sevilla.
Con la venia, señoría,
dígame por qué las leyes
vienen a demostrar
que no son eficientes,
y ante un crimen yo diría,
lo hemos visto por la tele,
que a las víctimas se humilla
protegiendo al delincuente.
Dígame por qué motivo,
siendo convicto y confeso,
se defiende a un asesino
que no merece perdón.
Dígame por qué esas leyes
permiten a unos niñatos
reírse de la justicia,
del mundo y de Dios.
Señor juez, dígame la razón,
pa que nadie tenga que soportar
tanto horror y tanta maldad,
¿en qué papeles se dicta?
Maldita sean las leyes
si no hacen justicia.
Y dígame si esas leyes, señor juez,
a esos padres le darán
tanto como le han quitao.
Y dígame si en la sentencia final,
cuando vaya usted a firmar,
no le temblará la mano.
Viendo a esos padres sufrir
por la hija que nunca verán,
por favor, señor juez,
dígame su señoría
qué sentencia iba a firmar
si mataran a su hija.